Uno de los mayores retos que han venido enfrentando de manera conjunta la FTCCP y CAPECO, sobre todo desde el final de la primera década combatir la violencia delincuencial llevada a cabo por organizaciones criminales disfrazadas de sindicatos, expresada en extorsiones y asesinatos, que han cobrado la vida de obreros, profesionales, dirigentes y empresarios
y que han extendido su accionar delictivo a otras actividades que afectan a la ciudadanía en general.
Inseguridad ciudadana
Durante los últimos años se ha hecho muy poco para combatir la actividad delictiva, dejándola crecer y consolidarse e incluso infiltrarse en instituciones gubernamentales y estatales; razón por la cual la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los más urgentes e importantes problemas nacionales ya que no existe ámbito territorial ni actividad económica, grande o pequeña, que se encuentre libre de ella.
La delincuencia y la inseguridad ciudadana han alcanzado niveles críticos, en los principales centros urbanos del país, a punto tal que según varias investigaciones sociales y de opinión pública, se ha convertido en la principal preocupación
de quienes residen en ellos.
Según el Informe de Estadísticas de Seguridad Ciudadana que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, en el semestre marzo-agosto 2024, a nivel nacional urbano, el 27.4% de la población de 15 a más años de edad ha sido víctima de algún hecho delictivo. Pero, la incidencia en las principales ciudades de veinte mil a más habitantes alcanzó el 29.1%, en tanto que, en los centros poblados urbanos entre dos mil y menos de veinte mil habitantes fue de 22.7%. (Figura 1).
En la ciudad de Lima, la prevalencia de victimización es de 29.9%, porcentaje que es un tanto mayor al registrado en los centros poblados urbanos de más de 150 mil habitantes
donde alcanzaron el 29.6%. En la Provincia Constitucional del Callao y en los centros poblados de 50 mil a 150 mil habitantes, se situó en 25.2% y 24.9%, respectivamente.
Las amenazas, intimidaciones y extorsiones afectan a 2 de cada 100 personas en las áreas urbanas. El 9.2% de la población de 15 a más años de edad declara haber sido víctima de algún hecho delictivo cometido con arma de fuego. En las principales ciudades de 20 mil a más habitantes, esta proporción alcanzó el 9.9%.