De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión pública registró una expansión de 6.4% al cierre de los primeros siete meses del año, con un nivel de ejecución equivalente al 39.2% del presupuesto anual, cifra inferior en seis décimas porcentuales a la del mismo periodo de 2024. Pese a que en términos absolutos se efectivizó un monto récord de 27 mil 358 millones de soles, persisten dificultades para alcanzar los niveles de eficiencia requeridos, en particular en las municipalidades, cuya ejecución apenas creció 1.4%.
En contraste, la inversión del gobierno central avanzó 8.3% y la de los gobiernos regionales lo hizo 10.8% (FIGURA 4). De mantenerse esta tendencia, el Estado podría dejar de ejecutar alrededor de 22 mil 900 millones en proyectos y obras al cierre del año (45.8% de esa cifra corresponde a las municipalidades), lo que revela que el mayor monto invertido es atribuible a que los recursos presupuestados han ido aumentando progresivamente y no a un aumento en la eficiencia de la gestión estatal.
Las dificultades para una ejecución óptima de la inversión pública se aprecian también en el impacto de la paralización de obras públicas que, de acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, al 30 de junio del presente año comprometió a 2,428 proyectos que implican un costo actualizado de 44 millones 298 mil soles, un aumento de 2.6% en comparación con igual reporte al 31 de marzo (FIGURA 5). El 49.2% de dicho monto todavía se encuentra pendiente de ejecutar. Los gobiernos regionales concentran el 39.1% de la inversión total actualizada y el gobierno nacional el 38.9%, mientras que a las municipalidades corresponde el 71.3% del total de obras detenidas. De otro lado, el 48.8% de las obras interrumpidas se ejecutan bajo la modalidad de administración directa (FIGURA 6), utilizada tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos subnacionales, en especial por las municipalidades. Esta situación refleja serias limitaciones, pues al no contar con una regulación clara ni con mecanismos de control adecuados, dicha modalidad concentra un nivel elevado de paralización de proyectos, no solo en número de obras, sino también en el volumen de recursos económicos comprometidos.
En cuanto a la inversión privada, pese a que no se dispone aún de cifras definitivas para julio, los resultados más recientes del mercado inmobiliario, las obras por impuestos y la construcción de proyectos mineros, permiten mantener la proyección de un crecimiento anual entre 5% y 6% para el 2025, sobre todo teniendo en cuenta que, entre enero y junio, este indicador presentó un incremento de alrededor de 8%. No obstante, se prevé una ralentización en 2026, asociada principalmente a la incertidumbre electoral que podría provocar una eventual contracción de la inversión privada.