Por: Ing. Guido Valdivia R. | Vicepresidente ejecutivo de Capeco.
El cierre de las brechas de infraestructura constituye uno de los principales retos para alcanzar un desarrollo sostenible y competitivo en el Perú. Sin embargo, las limitaciones del aparato estatal en materia de planificación, ejecución y gestión han demostrado ser un obstáculo persistente para avanzar al ritmo que las demandas sociales y productivas exigen.
En este contexto, la participación del sector privado adquiere un papel decisivo, no solo como fuente de financiamiento, sino también como un actor capaz de aportar capacidad técnica, eficiencia operativa y estándares internacionales de gestión, elementos indispensables para garantizar que las obras se concreten en los plazos previstos y se mantengan en condiciones óptimas de servicio.
Desde el año 2023, el país ha registrado un notable avance en materia de inversión en infraestructura mediante mecanismos de participación del sector privado como las Asociaciones Público-Privadas (APP) (Figura 1) y las Obras por Impuestos (OxI). Estos instrumentos han demostrado ser eficaces para dinamizar la ejecución de proyectos públicos, al permitir que el sector privado se involucre activamente
en el desarrollo nacional, ya sea a través de concesiones, esquemas de cofinanciamiento o la adquisición de activos estatales. Frente a una contratación pública caracterizada por ineficiencia y vulnerabilidad a la corrupción, la inversión privada se consolida como una alternativa que ofrece mayor transparencia y eficiencia en la gestión de proyectos.
En ese marco, por ejemplo, las APP constituyen un esquema en el que los problemas de la obra pública convencional se reducen significativamente. El operador privado de una concesión no tiene incentivos para prolongar la construcción, pues su interés es poner en marcha cuanto antes la operación para generar ingresos; al mismo tiempo, el funcionario público busca que la infraestructura entre en funcionamiento lo más rápido posible para responder a la demanda social.
Esta coincidencia de intereses genera una convergencia favorable a la eficiencia y demuestra que la inversión privada puede aportar ventajas concretas en la ejecución y sostenibilidad de los proyectos.