La triple frontera que vincula las ciudades de Leticia, Santa Rosa y Tabatinga, en Colombia, Perú y Brasil, respectivamente, es una zona de difícil acceso, con importantes carencias sociales y fuerte incidencia de actividades delictivas (FIGURA 15). Desde el lado colombiano se ha intentado generar un conflicto limítrofe inexistente que, en caso de no resolverse mediante trato directo, deberá ser resuelto a través del arbitraje internacional entre Estados. No obstante, lo más relevante de este episodio es que ha puesto en evidencia la gran diferencia de en las condiciones de vida, oportunidades de desarrollo y gobernanza existente en esta zona, donde las poblaciones peruanas de la provincia de Mariscal Castilla se encuentran en desventaja respecto a las localidades fronterizas de Colombia y Brasil: los servicios básicos como salud, educación y alimentación, son deficientes o de menor calidad en nuestro territorio, respecto a los que se brindan en Leticia y Tabatinga. Esta situación obliga a muchos ciudadanos peruanos a recurrir a los servicios de las ciudades vecinas para satisfacer sus necesidades más elementales.
Tal carencia constituye uno de los principales riesgos en la constituye uno de los principales riesgos en la triple frontera y refleja una realidad que se repite en diversos puntos limítrofes del Perú.
En la frontera con el Ecuador, por ejemplo, la localidad de Huaquillas de la provincia ecuatoriana de El Oro muestra un mayor desarrollo comparado con Aguas Verdes en la provincia tumbesina de Zarumilla. En la otra triple frontera que comparten Bolivia, Brasil y Perú (FIGURA 16) se observa un patrón similar de rezago relativo entre la ciudad peruana de Iñapari, la brasileña Assis y la boliviana San Perdo de Bolpebra, que también desfavorece al Perú. Mientras que, en la frontera peruano-chilena, si bien el desarrollo relativo de la ciudad de Tacna se ha ido acercando al de Arica – sobre todo por el crecimiento de actividades comerciales, servicios médicos y turismo – este proceso no se ha producido por una
estrategia integral con enfoque territorial.
En ese sentido, resulta llamativo que ni la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ni la Política de Vivienda y Urbanismo no contemple estrategias específicas para el desarrollo integral y el modelo de gestión de las zonas de frontera. Por ello no se puede contar con una adecuada planificación territorial que identifique oportunidades de desarrollo sostenible incluso a través de esquemas de cooperación tripartita o bipartita de los países vecinos. Dicha planificación debería estar acompañada por proyectos productivos capaces de dinamizar las economías locales, generar empleo y atraer inversiones públicas y privadas.
Ejemplos fallidos como el proyecto binacional Puyango–Tumbes (FIGURA 17), conseguido tras la firma de la paz con Ecuador en 1998, muestran cómo la falta de voluntad política y de visión de Estado ha impedido concretar iniciativas de gran potencial en materia hídrica, energética y agrícola.
Lo mismo ocurre en Tacna, donde pese a la alta interacción fronteriza con Arica no se ha implementado una estrategia coordinada para aprovechar el turismo, modernizar la infraestructura ferroviaria y portuaria, o impulsar proyectos hídricos como Vilavilani II, indispensables para la agricultura, el consumo humano y la seguridad hídrica regional.
A esta problemática se suma la presencia de actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y el tráfico de armas. En varias de estas zonas fronterizas, particularmente las ubicadas en la Amazonía, operan organizaciones criminales transnacionales que buscan ejercer dominio territorial e incluso mantienen vínculos con remanentes de grupos subversivos.
Tales organizaciones intimidan o cooptan autoridades locales, imponiendo sus reglas a sangre y fuego, lo que convierte a estas áreas en espacios donde los estados pierden capacidad de brindar servicios y ejercer soberanía. Frente a ello, la política de fronteras debe articular inversión social, desarrollo productivo y defensa nacional. No basta con la presencia policial: se requiere la participación activa de las Fuerzas Armadas, tanto en labores de seguridad como en el impulso de infraestructura y programas de desarrollo.
La falta de carreteras y accesos adecuados, como ocurre en la conexión entre Iquitos y la frontera con Colombia, limita la capacidad de respuesta del Estado y restringe también las oportunidades de integración económica (FIGURA 18). De igual manera, se necesitan inversiones en la modernización
de puertos, medios de transporte, vigilancia marítima y fluvial, y control del tráfico aéreo. Los puertos, Pucallpa o Yurimaguas necesitan una urgente modernización, el mar peruano sigue siendo vulnerable al narcotráfico, al contrabando, el tráfico de armas y la pesca ilegal, mientras que el espacio aéreo es vulnerado por avionetas de organizaciones delictivas sin que existan sistemas de radar para detectarlas y aeronaves suficientes y adecuadas para lograr su interdicción.
